En una votación que contó principalmente con respaldo oficialista, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de ley que establece la obligación de someterse a test de drogas para el Presidente de la República, ministros, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a cargos de elección popular como alcaldes y concejales.
La iniciativa, que surge de la fusión de varias mociones presentadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (ind.), fue respaldada con 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Las únicas diputadas que votaron en contra fueron Lorena Fries y Maite Orsini, ambas del Frente Amplio.
Entre quienes se abstuvieron figuran también varios parlamentarios del oficialismo, como Francisca Bello, Roberto Celedón, Camila Rojas, Javiera Morales, Emilia Schneider, Carolina Tello (todos del Frente Amplio), así como Luis Cuello, Alejandra Placencia, Matías Ramírez (PC), Clara Sagardia (independiente-FA), y los socialistas Juan Santana y Tomás de Rementería.
A pesar de la aprobación en la Sala, el proyecto deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja debido a las indicaciones realizadas durante su tramitación. Su presidente, el diputado Rubén Oyarzo (IND), aseguró que se le dará prioridad para avanzar con rapidez.
En paralelo, la Cámara también aprobó una resolución que solicita al presidente Gabriel Boric otorgar urgencia legislativa al proyecto, con el fin de acelerar su discusión.
La diputada Paula Labra destacó la importancia de la medida: “Es una oportunidad para entregar señales claras a la ciudadanía. Los cargos públicos deben ejercerse con transparencia e integridad en todos los aspectos”.
El proyecto establece que autoridades como parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales y alcaldes deberán someterse, al menos una vez al año, a un examen toxicológico basado en una muestra de cabello, realizado por laboratorios acreditados por el Ministerio de Salud, siguiendo estándares internacionales.
Labra también llamó al Ejecutivo a adoptar voluntariamente la medida, incluso antes de que se convierta en ley: “Debería ser el primero en adoptar este tipo de prácticas como una muestra de compromiso con la probidad”.
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