La tragedia ocurrida el pasado jueves en el estadio Monumental durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores —que dejó como saldo dos fallecidos, una joven de 18 años y un niño de 12, además de una violenta invasión a la cancha— ha provocado un enérgico llamado a la acción desde distintos sectores políticos.
La violencia en los estadios, una problemática histórica, vuelve a la primera línea del debate público con una batería de propuestas que buscan frenar de una vez por todas estos episodios.
La primera gran señal provino desde el gobierno. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció el término del Plan Estadio Seguro, calificándolo como un “fracaso”. En su reemplazo, se implementará un nuevo mecanismo de autorización para espectáculos masivos, con mayor coordinación con Carabineros y el Ministerio Público.
Desde el Congreso, parlamentarios socialistas como Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini impulsan un proyecto de ley que busca restituir la presencia de Carabineros al interior de los recintos deportivos en partidos de alta convocatoria, con los costos de seguridad a cargo de los clubes.
La medida se enmarca en la iniciativa “Salvemos el fútbol”, que también contempla mayores sanciones a hechos de violencia y la obligación de que los clubes implementen protocolos de seguridad más estrictos.
El propio ministro Cordero fue claro al señalar que “ciertas organizaciones usan el fútbol como fachada para actividades delictivas”. En esa línea, la bancada UDI propone sancionar a las barras bravas como asociaciones ilícitas, creando un tipo penal específico para castigar a quienes integren o lideren estas agrupaciones.
El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, anunció que el uso del registro biométrico comenzará en modo de marcha blanca en el próximo encuentro de la selección chilena frente a Argentina, programado para el 5 de junio en el Estadio Nacional.
A esto se suma una propuesta de la UDI para incorporar controles de alcotest y narcotest aleatorios en todos los accesos a los estadios, negando la entrada a quienes se encuentren bajo efectos del alcohol o drogas.
Otra medida clave es la propuesta de tipificar como delito la llamada “avalancha humana”, castigando con penas de cárcel a quienes ingresen en masa y por la fuerza a un estadio, poniendo en riesgo la vida o integridad física de los demás.
En paralelo, también se busca prohibir el ingreso de bombos, lienzos, banderas y otros elementos utilizados tradicionalmente por las barras, argumentando que además de ser símbolos de poder, muchas veces sirven para ocultar objetos prohibidos como bengalas o armas.El diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.) aboga por avanzar en proyectos que permitan a las Fuerzas Armadas apoyar a Carabineros y la PDI en labores de seguridad durante eventos masivos, como parte del proyecto de infraestructura crítica.
También se suma el llamado a despachar la ley sobre el uso de la fuerza, que otorgaría a los uniformados herramientas más claras y efectivas para actuar frente a hechos de violencia.
Otra línea de acción apunta a los clubes como actores responsables. La senadora Paulina Núñez (RN) y el senador Matías Walker (Demócratas) anunciaron que el proyecto que modifica la ley de Sociedades Anónimas Deportivas será votado en particular el próximo 23 de abril. Walker destacó que “el fútbol chileno ha tocado fondo” y que es urgente combatir los conflictos de interés y la inacción institucional.
Entre otras ideas que han surgido se incluyen: prohibir la entrada a los estadios a personas condenadas por otros delitos, exigir acompañamiento de adultos a menores de 16 años, imponer la obligación de presentarse en comisarías a quienes tengan prohibición de ingreso, establecer arraigo nacional a violentos reincidentes, y cerrar los estadios 48 horas antes de los partidos.
Con un panorama alarmante y la presión social en aumento, el fútbol chileno enfrenta una encrucijada. Las autoridades ahora deben convertir las propuestas en acciones concretas para devolver la seguridad y el espíritu deportivo a los estadios del país.
Fuente: La Tercera
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