La vicepresidenta Verónica Abad reaccionó luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificara la suspensión de sus derechos políticos por un período de dos años.
En un comunicado emitido este martes 25 de marzo, un día después de conocer la decisión del tribunal, Abad expresó que, durante su estancia en Israel, ya había denunciado lo que considera "irregularidades en el proceso" relacionado con la denuncia interpuesta por la canciller Gabriela Somerfeld por violencia política de género.
En respuesta a la resolución del TCE, la vicepresidenta aseguró a través de su cuenta de X que "no se me ha notificado conforme a lo establecido por la Ley", y destacó que no ha firmado ni recibido ninguna notificación personal al respecto. Además, enfatizó que "no existe prueba alguna que respalde mis declaraciones como violencia política de género".
Abad también comentó que debido a estos hechos, presentó una denuncia contra el juez Guillermo Ortega por posible prevaricato ante la Fiscalía General del Estado.
La ratificación de la suspensión de sus derechos políticos ha generado un nuevo debate. Antes de la resolución final, la vicepresidenta había afirmado que esta medida no implicaba su destitución del cargo.
Los jueces del TCE no se pronunciaron sobre los efectos específicos de la sentencia. Tras la notificación, se abrirá un plazo de tres días para que la denunciante, Gabriela Somerfeld, o la denunciada, Verónica Abad, presenten un recurso de aclaración o ampliación.
Con esta sentencia, Verónica Abad perdería varios de los derechos estipulados en el artículo 61 de la Constitución, que incluyen:
- El derecho a elegir y ser elegidos.
- Participar en asuntos de interés público.
- Presentar iniciativas populares normativas.
- Ser consultados.
- Fiscalizar los actos del poder público.
- Revocar mandatos de autoridades de elección popular.
- Desempeñar empleos y funciones públicas.
- Conformar partidos y movimientos políticos, así como afiliarse, desafiliarse y participar en sus decisiones.
Fuente: Primicias
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