La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, alertó este miércoles sobre la posible vulneración de derechos humanos en Costa Rica debido a un acuerdo migratorio con la administración de Donald Trump. Según la funcionaria, el gobierno de Rodrigo Chaves mantiene a cerca de 200 personas deportadas por Estados Unidos en condiciones que contravienen compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Cruickshank sostuvo que los acuerdos migratorios con la administración Trump incumplen las obligaciones internacionales de Costa Rica en la protección de personas en su territorio, sin importar su estatus migratorio. Además, recalcó que el ingreso irregular no constituye un delito penal, sino una falta administrativa.
“El país ha recibido a estas personas como si fueran delincuentes, replicando medidas punitivas impuestas en otro país, a pesar de que su situación migratoria no configura un delito en Costa Rica”, afirmó la defensora.
Durante su intervención en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Cruickshank denunció que los migrantes, recluidos en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem) en Corredores, están siendo sometidos a restricciones similares a una detención administrativa. Expresó preocupación por la ausencia de un plan de protección para quienes temen regresar a sus países de origen, como Afganistán, Ghana, Kazajistán y la República Democrática del Congo.
El director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, confirmó la retención de pasaportes a los deportados, justificando la medida como un mecanismo de protección contra el crimen organizado y redes de trata.
La situación también generó debate entre legisladores. Alexander Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático, desestimó las críticas y llamó a la Defensoría a presentar sus denuncias ante las autoridades pertinentes. En tanto, Montserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, solicitó la presentación del convenio migratorio que sustenta estas acciones. Sin embargo, la defensora señaló la falta de información clara sobre los términos del acuerdo con Estados Unidos, citando solo una resolución publicada en el diario oficial La Gaceta.
Según dicho documento, el gobierno estadounidense notificó la deportación de hasta 200 personas a Costa Rica el 17 de febrero a través de Mauricio Claver-Carone, enviado especial para América Latina. En respuesta, la Dirección General de Migración y Extranjería autorizó su estancia en el Catem por un plazo inicial de 30 días, con posibilidad de extensión en casos excepcionales.
El debate sobre la legalidad y legitimidad de estas medidas sigue abierto, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos insisten en la necesidad de una mayor transparencia y garantías para los migrantes afectados.
Fuente: Nación
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