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El presidente Gabriel Boric ha puesto en marcha un plan de acción para enfrentar una posible nueva ola migratoria desde Venezuela, en respuesta a los recientes eventos y la declaración de victoria de Nicolás Maduro, la cual no ha sido reconocida por Chile. Este desarrollo sigue al cierre de la embajada venezolana en Santiago, una medida adoptada por Maduro tras la negativa de Chile a aceptar los resultados de su reelección. La administración chilena ha calificado esta decisión como "vergonzosa e incomprensible," especialmente considerando la situación de más de 700,000 venezolanos residentes en Chile, según el Ministerio del Interior.
Para abordar la situación, el gobierno chileno está intensificando la cooperación con países vecinos. Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, visitará este jueves dos puntos fronterizos en el norte del país, donde ya están desplegadas las Fuerzas Armadas para reforzar el control de ingreso de extranjeros indocumentados.
El miércoles, en una reunión urgente en el Palacio de La Moneda, la ministra del Interior Carolina Tohá, el subsecretario Monsalve, la ministra de Defensa Maya Fernández, el subsecretario de Defensa Ricardo Montero, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, discutieron una estrategia para manejar el flujo migratorio potencialmente aumentado. Según De la Fuente, el presidente Boric subrayó la necesidad de mantener una coordinación continua con los países de la región.
Monsalve y Montero viajarán a Colchane, un punto crítico para la inmigración irregular, para considerar decisiones que fortalezcan la infraestructura fronteriza, equipamiento y tecnología, y para aumentar los recursos humanos en la frontera.
Además, Caracas ha dado un plazo de 72 horas para que el personal diplomático chileno se retire de Venezuela y otros seis países latinoamericanos en respuesta a la exigencia de un conteo de votos transparente. Aunque la mayoría del personal chileno está regresando, un pequeño equipo liderado por Jaime Gazmuri, recientemente designado embajador en Venezuela, lo hará el viernes.
La ministra Tohá advirtió que esta ruptura afectará gravemente a la población venezolana en Chile, complicando la realización de trámites. La subsecretaria De la Fuente ha mantenido reuniones con sus contrapartes en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia para desarrollar un plan de acción regional ante la posible ola migratoria.
La ruptura también afecta la 'doctrina Valencia', que permite la prisión preventiva para inmigrantes detenidos sin documentación adecuada. De los 57,000 reclusos en Chile, 20,651 están en prisión preventiva, con una alta proporción de extranjeros, incluidos muchos venezolanos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió sobre una posible crisis en el sistema penitenciario chileno debido a la sobrepoblación. El fiscal nacional Ángel Valencia reconoció problemas de segregación en las cárceles, lo que facilita el contacto entre delincuentes primerizos y líderes de bandas.
La exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló que la retirada del personal diplomático venezolano representa un desafío significativo para la obtención de antecedentes penales y documentación para migrantes detenidos, complicando aún más la situación migratoria.
Fuente: El País
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